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miércoles, 7 de junio de 2017

rafael feliz

A la chirola implicados Odebrecht.

Rondón a La Victoria, Díaz Rúa, Temo y otros cinco a Najayo; dos en prisión domiciliaria y 3 legisladores con fianza
Juez Francisco Ortega
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El juez Francisco Ortega dispuso medidas de coerción contra los  acusados de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y otros delitos.
Acogiendo una solicitud del Ministerio Público, el Magistrado dispuso el envío del empresario Angel Rondón a la cárcel La Victoria durante un año.
Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga cumplirán prisión preventiva de nueve meses en la cárcel preventiva de Najayo, San Cristóbal.
A este mismo lugar irán: Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, durante seis meses. César Sánchez y Máximo de Oleo Ramírez, durante tres meses.
El Juez dispuso la prisión domiciliaria durante nueve meses de Radhamés Segura y Juan Roberto Rodriguez.
Impuso una fianza de cinco millones como garantía económica e impedimento de salida del país a Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco,senadores de San Cristóbal y Santiago de los Caballeros, y diputado del Distrito Nacional, respectivamente. Aunque no fue precisado, queda sobreentendido que estos últimos no irán a prisión.
El Juez Ortega declaró “complejo” este proceso y otorgó un  plazo ocho meses al Ministerio Publico para que concluya el procedimiento preparatorio.  Asimismo, otro de 20 días para que los interesados puedan apelar este fallo.
Rechazó “por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal” todos los excepciones e incidentes que hasta la fecha han sido presentados y ratifica el desglose del expediente del diputado Bernardo Castellanos por las razones que, según dijo, han sido presentadas
Recibió datos de Brasil
El arresto de los acusados se produjo poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados a nivel local.

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